Con la suspensión de siete parlamentarios y la amonestación de otros doce de las filas del nacionalismo, el Congreso ha decidido cruzar el Rubicón, como lo hizo, hace unos días el Ejecutivo cuando decidió reprimir la protesta de los indígenas amazónicos en Bagua. La decisión del Legislativo, además de ser autoritaria, refrenda y consolida un sistema de alianzas, una suerte de nuevo bloque en el poder. Las consecuencias políticas, son dos en el corto plazo: impedir la censura del gabinete de Simon y entregarle una vez más la presidencia del Congreso al Partido Aprista. Poco les faltó, como bien ha dicho el congresista Freddy Otárola, para disolver el Legislativo, como lo hizo en la década pasada su aliado actual: el fujimorismo.

En realidad, luego de los sucesos de Bagua, el proceso político en el país ha entrado en una nueva fase. Sus características son varias: a) la consolidación de un arco de alianzas abiertamente reaccionario. Las fuerzas que componen este arco han pasado de las coincidencias tácticas, por decir lo menos, a los acuerdos estratégicos; b) la exclusión de la oposición del juego político (no me extrañaría que el siguiente paso sea sacarlos del juego electoral). Las sanciones a un sector de congresistas del PNP, que implican su ausencia física del Parlamento, pero también la exclusión de AIDESEP de las negociaciones sobre las demandas amazónicas, son buenos ejemplos de esta estrategia autoritaria; y c) la consolidación de la mano dura como respuesta inmediata a las demandas tanto de la oposición política como de los movimientos sociales. Se podría decir, además, que ello representa la hegemonía del alanismo en esta nueva fase y el triunfo de los sectores más duros y represivos del régimen.

Las razones de este viraje que implica, como hemos dicho, una nueva fase política, se deben al crecimiento de una protesta social cada más organizada, más extendida y más desafiante; a la imposibilidad de derrotar al nacionalismo y a las corrientes progresistas; a las consecuencias de una crisis económica que a estas alturas es inocultable; y, finalmente, a la irrefrenable y escandalosa derechización de Alan García, del Partido Aprista y de sus aliados.

El temor a unas demandas sociales que apuntan cada vez más al núcleo básico del modelo neoliberal y a la propia dominación de los grupos de poder, como lo acaban de expresar la reciente protesta social y las propuestas de la oposición, es, finalmente, lo que explica la política de choque del presidente García, de su gabinete y, ahora último, del Congreso y sus aliados. A esta correlación de fuerzas habría que sumarle el control político de una buena parte de los medios de comunicación que, en algunos casos, nos recuerda las peores épocas del fujimorismo.

El Perú, como país, además, tiene un alto valor estratégico en la región. Un triunfo electoral del progresismo en el 2011, con seguridad tendría grandes repercusiones estratégicas en la región. Negarlo es, simplemente, una ingenuidad.

Si ello es así, lo más probable es que el escenario principal donde se desarrolle la política ya no sea, como lo fue hasta ahora, las instituciones del régimen democrático –salvo excepciones– sino más bien otros espacios, como la calle, y otros actores, como los movimientos sociales, los sindicatos y los frentes regionales. Dicho en otros términos: el futuro electoral de cualquier fuerza política dependerá cada vez más de cuán capaz sea de organizar y representar la protesta social y no solamente de expresar los malestares y humores de estos sectores sociales contrarios a la política de este gobierno y de la derecha. La furia, si se quiere, deberá ir acompañada de la organización. Por eso, la política se juega, hoy más que nunca, en el campo de la representación y no solamente en el campo de la protesta. Pasión (o furia) y razón deben converger ya que no se trata solamente de protestar sino también de gobernar este país.

Por ello creo, como lo he dicho en otros artículos, que los tiempos que se vienen no serán nada fáciles. Incluso, diría, nunca vistos y menos experimentados social y políticamente. A estos nuevos tiempos los he llamado “una guerra civil política” no solo porque contienen una gran conflictividad (social, política, cultural y étnica) sino también porque su solución implica un cambio estratégico en el país ya que se trata de la construcción de una nueva mayoría electoral y política y de una nueva institucionalidad, como hoy sucede en algunos países de la región, especialmente en el espacio andino.

En suma, dejaríamos de ser el Real Felipe de América Latina para ponernos a tono con los nuevos vientos de cambio. No me extrañaría que en poco tiempo estemos repitiendo, por más que suene pasado de moda, aquellas palabras de una canción de Serrat y Sabina: “vayan y ocupen su lugar”.